Durante 2025, el sector educativo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado concentraron el mayor número de señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí,

Durante 2025, el sector educativo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado concentraron el mayor número de señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí,

De acuerdo con el informe anual de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
El reporte detalla que el sector educativo, que incluye al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), encabezó la lista con 199 señalamientos, principalmente relacionados con omisiones para prevenir el acoso escolar, violencia estudiantil e impedimentos para acceder a los servicios de educación, así como vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En segundo lugar se ubicó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con 181 señalamientos, derivados en su mayoría de detenciones arbitrarias, amenazas o actos de intimidación, y acciones u omisiones contrarias a la ley durante el ejercicio de funciones policiales.
La Fiscalía General del Estado ocupó el tercer sitio entre las autoridades más señaladas, con 146 casos, relacionados principalmente con la dilación o retraso injustificado en la integración de expedientes de investigación penal, así como con prestación indebida del servicio público, lo que impacta directamente en el acceso a la justicia de las personas denunciantes.
Otras instituciones con un número relevante de señalamientos fueron la Defensoría Pública del Estado, con 77 casos, los ayuntamientos de San Luis Potosí, con 66, y el organismo operador del agua Interapas, con 41, este último vinculado principalmente a la omisión o suspensión del servicio de drenaje.
En términos generales, el informe de la Comisión documenta que los hechos violatorios más recurrentes en 2025 estuvieron relacionados con acciones y omisiones que vulneran los derechos de personas menores de edad, fallas en la prestación del servicio público y conductas que afectan la legalidad y eficacia en la función pública.

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