DENUNCIA CIUDADANA ACUSA PRESUNTA ENTREGA IRREGULAR DE MENOR EN EL PODER JUDICIAL

Una denuncia ciudadana acusa a la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de haber ordenado la entrega de un menor a su madre durante una audiencia celebrada el 16 de diciembre de 2025, pese a que —según el escrito— existían antecedentes de riesgo y una carpeta de investigación abierta que sugería evitar el contacto hasta concluir valoraciones psicológicas.

De acuerdo con la narración, la audiencia estaba prevista como una presentación del menor para “verificar condiciones” y analizar la ampliación de una medida provisional de depósito a favor del padre, quien —según los antecedentes incluidos— mantenía el resguardo desde julio de 2025. No obstante, el documento asegura que, de manera “sorpresiva” y en un lapso breve, la juzgadora habría emitido un acuerdo ordenando la entrega inmediata del niño a la madre.

El denunciante sostiene que el procedimiento habría sido “planeado” con anticipación, señalando que la madre del menor habría ingresado por un acceso alterno del juzgado sin que el padre se percatara antes del inicio de la diligencia. También afirma que el menor no quería irse y que fue obligado a retirarse con su madre.

Señalan omisión de advertencias ministeriales

El escrito refiere que existe una carpeta de investigación relacionada con presunta violencia en agravio del menor, y que un agente del Ministerio Público habría solicitado colaboración judicial para preservar la estabilidad emocional del niño y evitar contacto con su presunta agresora hasta concluir valoraciones psicológicas. La denuncia sostiene que esa solicitud no fue observada y que, aun así, se determinó la entrega.

Antecedentes incluidos en la denuncia

La denuncia reconstruye que el conflicto familiar inició con un juicio en 2022, seguido de un convenio donde la custodia quedó con la madre. Más adelante, se describen episodios de presunta desatención, ausencias prolongadas, violencia y exposición del menor a conductas inadecuadas en el entorno materno, lo que habría motivado denuncias y medidas provisionales, incluyendo un depósito provisional otorgado en septiembre de 2025 a favor del padre, conforme al propio texto citado en el documento.

También se afirma que se dictó un régimen provisional de convivencias en un centro de convivencia familiar y que el padre presentó justificantes médicos y reportes de ansiedad del menor para explicar ausencias; sin embargo, el denunciante acusa que el contexto emocional del niño no fue atendido con el rigor necesario.

Llamado a revisión institucional

El denunciante plantea que los hechos deben ser revisados por instancias internas y externas de control, al considerar que se vulneró el interés superior de la niñez y que se ordenó la entrega sin agotar elementos relevantes.